Juez ordena inspeccionar archivos militares en busca de pruebas de la masacre de El Mozote

El análisis de los archivos tiene como propósito, según el tribunal, encontrar evidencias que ayuden a esclarecer la masacre de El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981 en una aldea ubicada a unos 200 kilómetros de San Salvador.

La masacre se produjo durante un operativo militar en plena guerra civil, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, elaborado con apoyo de Naciones Unidas. En la operación denominada “tierra arrasada”, cerca de 1.000 personas, en su mayoría niños, fueron asesinadas, según el reporte del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

La diligencia, a cargo de peritos que ya fueron juramentados por el tribunal, será encabezada por Jorge Guzmán Urquilla, juez de Instrucción de San Francisco Gotera. En el caso está procesado un grupo de militares que conformaban el Alto Mando del ejército salvadoreño en 1981. Los acusados se han declarado inocentes durante en el proceso penal.

Durante la audiencia que se llevó a cabo este viernes en el juzgado de San Francisco Gotera, a 166 kilómetros de San Salvador, el abogado de los acusados, Lisandro Quintanilla, pidió la “nulidad del proceso” porque “los planes militares son reservados sin importar la temporalidad y porque así lo establecía la ley vigente en 1981”.

Sin embargo, el juez declaró improcedente la petición, a la que calificó de “táctica dilatoria” por parte de la defensa y explicó que la diligencia busca encontrar la verdad sobre esta masacre. “Hay personas que desde hace 39 años esperan justiciar”, señaló el juez Guzmán.

Por su parte, el abogado representante del gobierno, José Pérez Chacón, explicó que hay interés porque se conozca la verdad pero manifestó su preocupación ya que la inspección podría revelar planes militares que deben ser secretos.

“Hay que establecer un límite de información que comprometa la seguridad nacional, el Estado y la soberanía”, dijo Pérez Chacón.

El juez explicó que la diligencia se llevará a cabo y que se han tomado las medidas necesarias para que se analice solo lo referente al proceso de la masacre de El Mozote. “No veo ninguna afectación a que se conozcan planes que se ejecutaron hace 40 años” aseguró el juez Guzmán durante la audiencia.

El presidente Nayib Bukele ofreció acceso a los archivos. “Estamos por que se conozca la verdad en todo su espectro: de la A a la Z. Es más, si el juez nos pide de la A a la F, lo vamos a hacer hasta la Z”, manifestó Bukele durante una conferencia de prensa en noviembre de 2019.

De acuerdo con la planificación del tribunal, después de las inspecciones, el equipo de peritos tendrá un mes para entregar el informe.

El juzgado también emitió una medida cautelar que impide a quienes tienen a cargo la custodia de los archivos militares que desplacen, oculten o sustraigan información. El objetivo es asegurar la información que puedan contener estos archivos militares, según lo expuesto por Cristosal, una organización no gubernamental que promueve el respeto a los derechos humanos y que forma parte del proceso penal como acusadora particular.

“Es positivo. Esperamos que la colaboración no sea formal, que no sea simplemente una declaración aquí en la audiencia, sino que se dé todo el protocolo de colaboración en la inspección”, dijo David Morales, a cargo del litigio legal de Cristosal.

El proceso penal en contra de militares que conformaban el Alto Mando del ejército en 1981 fue abierto luego que en la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declarara inconstitucional, en 2016, varios artículos de la Ley de Amnistía General que había sido aprobada en 1993.