Abogados del expresidente Alejandro Toledo apelan para evitar extradición a Perú, luego de que un juez de EE.UU. ordenara su detención

Mara K. Goldman, asistente de la oficina del defensor público del Distrito Norte de California, señala que esas dos semanas le darían la oportunidad a Toledo de que un tribunal pueda escuchar su apelación.

Sin embargo, el Departamento de Justicia de EE.UU. se opone a la apelación, de acuerdo con los documentos judiciales.

La medida de los abogados defensores de Toledo ocurre después de que un juez federal de Estados Unidos ordenara este miércoles la detención del expresidente para iniciar el proceso de extradición al Perú.

Toledo, quien vive en California, tendrá que entregarse a las autoridades federales el viernes, ya que hasta el momento no tienen audiencia programada en la corte, de acuerdo a la decisión judicial. El exmandatario cumple arresto domiciliario en ese estado desde 2019, en respuesta a una solicitud de extradición enviada a EE.UU. en mayo de 2018.

En su fallo, el juez Thomas Hixson de la corte federal del Distrito Norte de California, revocó la libertad bajo fianza del expresidente y ordenó que se entregue al Servicio de Alguaciles de EE.UU.

Ahora bien, la corte no especificó cuándo podría ocurrir la entrega a Perú. En las horas previas a la decisión judicial, una corte de apelaciones había negado una solicitud de sus abogados para suspender la extradición.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, una vez el expresidente de Perú esté detenido, Estados Unidos se encargará de entregarlo a las autoridades peruanas y ellas decidirían cuándo regresaría a Perú.

CNN se comunicó con el equipo de defensa de Toledo, para obtener algún comentario, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.

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Por su parte, en entrevista con Canal N, el ministro de Justicia de Perú, José Tello, dijo que el proceso va a ser "bastante rápido" y se dará en cuestión de días, aunque no estableció una fecha exacta.

El exmandatario es requerido por la Justicia peruana por cargos de colusión y lavado de activos. En su momento, Toledo negó las acusaciones y las tildó de persecución política.

Según las autoridades de Perú, Toledo, quien gobernó el país entre 2001 y 2006, habría recibido hasta US$ 30 millones en presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para favorecer a la empresa al realizar negocios en el país.

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