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Human Rights Watch denuncia abusos contra retornados venezolanos en nuevo informe

(CNN Español)–– Daniel Jesús González lleva varios días tratando de dejar atrás la situación venezolana, pues afirma que al otro lado de la frontera vislumbra un mejor futuro. Cuenta que había retornado a Venezuela luego de que la crisis desatada por la pandemia afectara sus opciones de empleo en Colombia. Ese país le dio acogida en un primer intento migratorio.

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macamilarincon
CNN ESPAñOL — (CNN Español)–– Daniel Jesús González lleva varios días tratando de dejar atrás la situación venezolana, pues afirma que al otro lado de la frontera vislumbra un mejor futuro. Cuenta que había retornado a Venezuela luego de que la crisis desatada por la pandemia afectara sus opciones de empleo en Colombia. Ese país le dio acogida en un primer intento migratorio.

González afirma que su primera experiencia al volver a su patria no fue positiva, pues debió permanecer en cuarentena en un centro habilitado por el gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro. Esto, en condiciones que él describe como precarias. «Me trataron como perro», aseguró a CNN.

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Recordando lo vivido en ese lugar de obligatorio tránsito, González destaca que entre lo primero que le viene a la memoria está el hambre que acompañó la espera del resultado de su prueba PCR, con la que buscaban detectar o descartar la presencia de covid-19 en su cuerpo. Asegura que, en ocasiones, solo le daban «una cucharadita de arroz y nada más». «Eso era una tristeza, ese refugio era una cochinada», insiste.

González dice que permaneció 8 días en un albergue ubicado en Guasdualito, en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Lo anterior a la espera del resultado del test para poder continuar su camino a casa. «Gracias a Dios salí rápido de ese refugio», dice el venezolano.

Human Rights Watch denuncia hacinamiento e insalubridad en centro de cuarentena en Venezuela

La historia de Daniel Jesús González parece no ser la única que relata dificultades en su regreso al país. Un informe de Human Rights Watch (HRW) estima que, en medio de la pandemia y el estado de alerta decretado el 13 de marzo, unos 130.000 ciudadanos han retornado a Venezuela. Según la organización, la mayoría de ellos resultaron afectados por el impacto económico de la crisis de salud en los países donde se encontraban. Una crisis los sacó de casa y otra los hizo regresar.

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El gobierno de Maduro acondicionó decenas de centros para que estas personas cumplieran la cuarentena antes de continuar su camino hacia sus lugares de destino y evitar así la propagación del virus si es que llegaban infectados. Sin embargo, según un informe presentado este martes por Human Rights Watch y los Centros de Johns Hopkins, en muchos de espacios en Venezuela se registra un «trato abusivo» contra los retornados.

El informe se basa en entrevistas a 23 retornados que se alojaron en un total de 26 centros y en testimonios de varios periodistas y representantes organizaciones humanitarias.

Asegura que las condiciones en los centros varían considerablemente, porque «no se aplica ningún estándar común a todos los centros», pero denuncia la insalubridad y hacinamiento en muchos de ellos, lo que podría incrementar la transmisión del covid-19 en el país. La doctora Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, afirma que en estos centros «es imposible cumplir con las medidas de distanciamiento social».

También hay escasez de alimentos para los retornados venezolanos en centros

El reporte destaca que en estos centros escasean los alimentos y las medicinas, y que los retornados son obligados a cumplir la cuarentena. Además, HRW señala que las protestas de estos migrantes retornados fueron silenciadas bajo amenaza de ser detenidos.

El informe afirma que algunas personas permanecieron más tiempo de los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Esto, como consecuencia de «demoras en las pruebas de diagnóstico de covid-19 y a un protocolo de testeo innecesariamente complejo».

La doctora Page sostiene que «exigirles quedarse allí por más del plazo establecido de 14 días no hace más que agravar el riesgo de que se contagien y no contribuye a ningún propósito razonable de salud pública».

Maduro dijo la semana pasada que ha conversado sobre la situación de los retornados con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachellet.

El mandatario ha sostenido ––sin ofrecer pruebas–– que los retornados han sido utilizados por terceros para propagar el virus por el país. Sin embargo, considera que quienes lo critican no han dicho nada de los venezolanos que, según él, «fueron recibidos con los brazos abiertos» y a quienes «se les dio tratamiento gratuito en salud, en alimentación y en transporte».

CNN solicitó una respuesta al informe de HRW al cuestionado gobierno de Maduro, sin haber obtenido respuesta hasta ahora.

(Nota del editor: este artículo fue actualizado el 13 de octubre para incluir los detalles técnicos del informe de Human Rights Watch).

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