En el Valle Javari en Brasil, comunidades aisladas temen la ‘catástrofe’ del covid-19

El virus cobró la vida de uno de los miembros de la comunidad Los Marubo y de una persona del pueblo indígena Tikuna, que habita en el valle remoto de Javari. Además, más de 450 personas han sido infectadas, según el gobierno brasileño.

«La situación en el Valle de Javari es crítica», dijo Douglas Rodrígues, un médico que ha trabajado con grupos indígenas durante los últimos 40 años. «Nos preparamos para una catástrofe», le comentó a CNN.

En total, unos 800.000 indígenas viven en aldeas a lo largo del territorio brasileño. La concentración más grande de comunidades aisladas se encuentra en el Valle de Javari, una región del tamaño de Austria, ubicada en el suroeste del estado de Amazonas, cerca de la frontera con Perú.

Esta es una de las últimas áreas vírgenes que quedan en la Amazonía brasileña, el Valle es una extensa red de ríos caudalosos y densos bosques que dificultan el acceso. Los viajes generalmente se realizan en barco y los recorridos se miden en días, en vez de horas. La ciudad más cercana, Atalaia do Norte, está a casi 1.126 kilómetros de Manáus, la capital del estado de Amazonas.

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Es el hogar de unos 6.900 indígenas, que representan a unos 16 grupos aislados, según la Fundación Nacional Indígena (FUNAI), agencia gubernamental que supervisa los asuntos indígenas.

Desde marzo, cuando se informó por primera vez sobre el coronavirus en Brasil, la FUNAI dijo a los líderes indígenas que prohibiría la entrada al Valle para que los forasteros no pudieran propagar el virus.

Pero eso no sucedió, aseguran los defensores. La FUNAI no hizo comentarios sobre la situación en el Valle, pero indicó que ha «adoptado todas las medidas para proteger a los pueblos indígenas en el contexto del covid-19».

Los primeros casos

Las comunidades aisladas son extremadamente sensibles a las enfermedades del «hombre blanco», señaló Rodrigues, y destacó que incluso la gripe puede ser devastadora «porque no tienen la protección inmunológica».

En la década de 1980 trabajó con el pueblo Zo’é en el estado de Pará, allí cerca de un tercio de la comunidad murió a causa de una infección causada luego del contacto con misioneros.

Los primeros casos de covid-19 en el Valle de Javari se registraron en mayo, luego de una visita del personal de salud a SESAI, una agencia gubernamental responsable de la salud indígena, según lo afirmó el líder indígena Adelson Kanamari, quien culpó a la visita por el inicio de la pandemia en el Valle.

El 4 de junio, SESAI confirmó que «cuatro profesionales de la salud no indígenas» habían dado positivo y en esa semana, la agencia informó que el personal infectado se retiró y solo regresó al trabajo cuando estaba sano. SESAI indicó que todo el personal debe cumplir con 14 días de cuarentena, someterse a exámenes médicos y pruebas de covid-19 antes de ingresar al territorio.

Frustrada por la falta de protección de las comunidades indígenas y enojada por la visita de los trabajadores de salud de la SESAI –principal órgano representativo de las comunidades indígenas– la APIB (Asociación del Pueblo Indígena Brasileño) acudió a la Corte Suprema de Justicia para obligar al gobierno a desarrollar e implementar un plan para proteger a los grupos.

El 8 de julio, el tribunal falló a su favor y dio 10 días al gobierno federal para presentar un plan de protección de comunidades indígenas remotas.

Las comunidades indígenas de Brasil «son las más expuestas al riesgo de contagio y extinción», afirmó el juez Luis Roberto Barroso en la decisión. Pidió que se levantaran barreras para los viajeros, por la fuerza de ser necesario, para evitar el ingreso de los no residentes que puedan ser portadores potenciales del virus, a tierras indígenas.

Planes de protección postergados

Pero más de siete semanas después, continúa el vaivén entre las agencias gubernamentales y el juez Barroso.

El primer plan fue presentado a la justicia por SESAI y FUNAI el 29 de julio, pero fue desestimado por ser demasiado genérico. Luego de un segundo plan de acción, expuesto el 14 de agosto, Barrosa pidió más información a las agencias y fijó como fecha límite el 7 de septiembre para una nueva versión del plan de protección.

Tales retrasos son mortales, según los defensores. «Es importante crear estas barreras en las áreas ocupadas por los indígenas aislados, ya que algunas comunidades ya han sido infectadas», dijo Paulo Marubo, coordinador ejecutivo de la Unión de Pueblos Indígenas del Valle del Javari. «Cuando finalmente se implementen las barreras, todo el mundo ya estará infectado».

CNN contactó a SESAI para obtener comentarios, y la organización respondió que las barreras eran responsabilidad de la FUNAI, la agencia de asuntos indígenas. Por su parte, la FUNAI no hizo referencia al Valle de Javari, pero dijo que ya se habían puesto 311 barreras en todo el país.

«Se implementarán nuevas barreras según las necesidades de cada región», agregó un vocero de la FUNAI.

Mientras tanto, «las muertes y las invasiones siguen ocurriendo», afirmó Eloy Terena, abogado de APIB, refiriéndose a las incursiones hechas por madereros, mineros y cazadores ilegales a tierras indígenas protegidas.

«El gobierno hace este juego de ping-pong para ganar tiempo», dijo Terena. «Es una táctica. Las barreras tienen que implementarse. Si el gobierno no respeta una decisión [de la corte], los indígenas no tienen a dónde acudir», concluyó.