El metro de Buenos Aires demanda al de Madrid por más de US$ 16 millones por vender trenes con amianto

Sbase, la empresa pública que opera el metro de la capital argentina, exige que los españoles les paguen 14.978.395,9 euros, equivalentes a más de US$ 16,7 millones, además de las costas procesales, de acuerdo a la demanda. También quiere que el Metro de Madrid los deje indemnes en los procedimientos que se siguen en Buenos Aires.

CNN se comunicó con el vocero del Metro de Madrid pero aún no ha obtenido respuesta sobre la acción legal emprendida por la empresa pública argentina. En 2018, las autoridades de la compañía sostuvieron ante la Asamblea de Madrid que no había riesgo para trabajadores o pasajeros en esos trenes porque el material nocivo estaba encapsulado. Ante las consultas de CNN, declinaron comentar sobre este punto.

El Subte —como se le conoce a la red del metro de Buenos Aires— estableció el monto de la demanda a través de una pericia realizada por técnicos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que determinó el costo y adaptación de los CAF 5000 en el metro porteño, de acuerdo con la presentación.

Los trenes fueron adquiridos durante la gestion del entonces jefe de Gobierno de Buenos Aires y actual presidente, Mauricio Macri. En febrero de 2018, salió a la luz que contenían esta sustancia peligrosa. Si bien el subterráneo adquirió 6 trenes para un total de 36 vagones, la demanda es por 24 vagones CAF 5000.

El subterráneo de Buenos Aires también aclaró en la demanda que en el detallado de pruebas que diseñó para la venta de los trenes no hubo una sola referencia a la presencia de este mineral cancerígeno. CNN se comunicó con el vocero de Macri, quien remitió la consulta a las autoridades del subte.

Actualmente, al menos once trabajadores de los talleres mecánicos de esta línea del subterráneo porteño han sido diagnosticados con placas pleurales en sus pulmones, una afección provocada por el asbesto, según informaron las autoridades porteñas. En la demanda civil, el subterráneo de Buenos Aires sostiene que el Metro de Madrid sabía que los vagones no eran “aptos” para ser comercializados y puestos al servicio del público.

En cuanto a la responsabilidad de las autoridades del subte, en Sbase sostienen que “en ningún caso” podían considerar que el Metro de Madrid les estuviera vendiendo “equipos contaminados”, con violación de la reglamentación vigente tanto en España como en la Unión Europea. Las autoridades porteñas dijeron que no tienen planificado entablar una demanda penal al Metro de Madrid.

El presidente de Sbase (Subte de Buenos Aires), Eduardo De Montmollin, reconoció en una entrevista con CNN que los planos de los vagones adquiridos a España indicaban la presencia de esta sustancia cancerígena, pero sostuvo que las autoridades argentinas no lo advirtieron.

“Es cierto que hay documentación que dice eso pero no había manera de afirmar o validar si esto era efectivamente cierto o no”, dijo el titular de la empresa pública. “No puedo garantizar que se haya leído todas y cada una de las páginas de los manuales técnicos. Pero asumimos que si en la documentación figuraba algo el Metro de Madrid había tomado ya partido, había tomado medidas y que lo que nos estaban vendiendo, ellos estaban en condiciones de poder venderlo”, agregó De Montmollin en una entrevista con CNN.

En Sbase dijeron a CNN que “la demanda tiene que ver con implicaciones civiles, derivadas del hecho de que Metro de Madrid vendiera vagones con amianto sin advertir expresamente de ello. La empresa estatal debería haber obrado en el marco de la normativa española que desde 2001 prohíbe la comercialización de equipos con amianto”.

Además, las autoridades porteñas señalan que Metro no retiró ni extrajo el asbesto de los trenes antes de venderlos. También afirman que el Metro debería haber realizado trabajos complementarios junto a la venta de los equipos.

En la demanda, las autoridades de Buenos Aires también resaltaron que el Metro de Madrid habría actuado “como si los equipos no tuviesen amianto”, pero “no lo ignoraba ni podía ignorar” el riesgo que significaba tanto para los usuarios como para los trabajadores en el subterráneo porteño.