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El arrebato del poder de Maduro puede enseñarnos a defendernos de la tiranía

Posted May 25, 2018 4:38 p.m. EDT

Nota del Editor: Frida Ghitis, exproductora y corresponsal de CNN, es columnista de asuntos internacionales. Colabora frecuentemente con artículos de opinión para CNN y The Washington Post y es columnista para World Politics Review. Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen a la autora.

(CNN) - Sin rastros de ironía, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tuiteó: "Que el mundo lo sepa. Son millones los que están votando de manera libre... En Venezuela quien elige al presidente es el Pueblo".

El mundo, por supuesto, ya sabe, al igual que el pueblo venezolano, que el país hace tiempo que dejó de ser una democracia. Maduro, diga lo que diga sobre las elecciones del domingo, es un dictador.

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En un momento en que surge una ola mundial de autoritarismo, una mirada más cercana a la tragedia de Venezuela revela el elemento central en el arrebato del poder: el desmantelamiento del Estado de Derecho. Fue esta táctica crucial la que convirtió a una de las democracias latinoamericanas más perdurables en un caso perdido de colapso social y económico.

Maduro es uno de los presidentes más incompetentes del mundo. Él y sus acólitos transformaron un país de vastos recursos naturales en uno de creciente hambre, en el que explotó la tasa de homicidios y en el que la inflación está fuera de control. ¿Cómo lo hicieron?

Todo autócrata populista intenta fomentar las divisiones, encontrar chivos expiatorios y enardecer a sus seguidores en contra de sus críticos. Pero el camino de la autocracia populista a la dictadura plena tiene un elemento indispensable: tomar control del sistema judicial y politizar a las fuerzas de la ley. Una vez que el ejecutivo controla la interpretación y la aplicación de la ley, puede hacer lo que quiera.

Venezuela ofrece un caso de estudio sobre cómo politizar la ley. El régimen -incompetente en cualquier otro sentido- logró tomar el control del país sin tener que imponer un gobierno militar.

No sorprende que el World Justice Program clasifique a Venezuela como ultimísima en su índice mundial sobre el Estado de Derecho.

Maduro y su mentor, el fallecido presidente Hugo Chávez, habían gobernado con el apoyo de una legislatura dominada por su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Después de la muerte de Chávez en el 2013, el nada carismático Maduro asumió el poder. Frente al deterioro de condiciones ya difíciles, las elecciones legislativas en diciembre de 2015 trajeron una sorpresiva victoria a la oposición.

Cuando la oposición tomó el control de la Asamblea Nacional, toda apariencia democrática quedó rápidamente al descubierto. Casi de inmediato, en enero de 2016, el gobierno declaró un estado temporario de emergencia, otorgando al presidente el derecho a legislar por decreto en materia económica durante 60 días.

El gobierno había permitido accidentalmente que la oposición ganara las elecciones legislativas, pero tenía firmemente sujetados a los tribunales. En los meses subsiguientes, el Tribunal Supremo, dominado en su totalidad por el partido dirigente, revirtió casi todas las leyes que intentaba promulgar la oposición.

El actual presidente del Tribunal Supremo es Maikel Moreno, una figura enormemente controvertida. Reuters revisó sus antecedentes y encontró un informe de inteligencia de 2006 encargado por el Tribunal Supremo de Venezuela, que incluye su foto de prontuario y acusaciones criminales, entre ellas, de homicidio. Pero Reuters no pudo encontrar documentación de un juicio, una sentencia o encarcelamiento por dicha acusación. Sea cual sea la historia del presidente del Tribunal Supremo, los tribunales se han convertido en un instrumento del poder político de Maduro.

Si bien la Constitución garantiza la independencia judicial, el Tribunal Supremo, por medio de su Comisión Judicial, tiene el poder de remover a voluntad cualquiera de los jueces "provisionales", más de la mitad de los jueces en Venezuela. Según la Comisión Internacional de Juristas, "no existe la separación de poderes" en Venezuela. La rama judicial se ha convertido en instrumento del presidente y de su partido.

Acorde a ese rol, el Tribunal emitió una impresionante sentencia el año después a que la oposición tomara control de la Legislatura. Despojó a la Asamblea Nacional de sus poderes y los asumió para sí. La oposición lo consideró un golpe. La reacción fue tan violenta que el Tribunal revirtió el curso en pocos días, pero quedaba en claro que de ningún modo el régimen permitiría que la oposición democráticamente elegida tuviera siquiera parte del poder.

Unas pocas semanas después, el Tribunal aprobó el plan de Maduro de llamar a elecciones para una nueva Asamblea Constituyente. A pesar de las masivas manifestaciones en las que murieron numerosos manifestantes, se eligió la Asamblea, en medio de pruebas de fraude.

Una vez erigida, asumió los deberes legislativos, asegurando la tercera rama del gobierno, con lo que el régimen tuvo en efecto el control de las ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial.

La entonces fiscal general, Luisa Ortega, había sido una leal chavista. Pero criticó las movidas evidentemente antidemocráticas del régimen. La Asamblea Constituyente la despidió sin demora en medio de una campaña de desacreditación personal. Temiendo por su vida, fue protagonista de un dramático escape en lancha.

Ortega se ha convertido en una de las más feroces críticas del régimen. Acusó a Maduro de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional de la Haya, señalando que las autoridades ordenaron el arresto arbitrario, la tortura y el asesinato de miles de venezolanos. El gobierno de Venezuela no ha respondido públicamente a estas acusaciones. Ortega sigue hablando en toda Latinoamérica, describiendo la corrupción y las violaciones de los DD.HH. en el gobierno en el que trabajó por más de una década.

Para el momento en que se llevaron a cabo las elecciones del domingo, solo la más leve capa barnizaba de democracia a Venezuela. Los tribunales le permitieron a Maduro proscribir a los miembros más prominentes de la oposición. La oposición ha luchado sobre cómo responder, causando divisiones autoderrotistas que enfurecen a la mayoría de los venezolanos que quieren fuera del poder a Maduro.

Después de casi dos décadas bajo un gobierno que trabaja constantemente para enfrentar a los venezolanos entre sí, algunos en Venezuela aceptan la visión de Maduro de que sus problemas son culpa de EE.UU. o de la oposición. Pero la mayoría del pueblo está harto. Los sondeos muestran que la tasa de aprobación de Maduro es del 25%. Pero sin democracia, la voz del pueblo no decide quién lo gobierna.

Los venezolanos seguirán lidiando con hospitales que no tienen medicamentos, tiendas que no tienen comida y una economía en rápido deterioro con la inflación más alta del mundo y algunas de las tasas de crímenes más elevadas a nivel mundial.

Mientras el mundo intenta resolver cómo ayudar al pueblo de Venezuela, una oportuna lección de su tragedia es que proteger el estado de derecho, la independencia de la rama judicial, es una de las máximas prioridades para defenderse contra la tiranía.