Denuncian a Maduro por crímenes de lesa humanidad por deportación de colombianos 2015

(CNN Español) - Un grupo de abogados de la ciudad de Cúcuta en Norte de Santander —población fronteriza con Venezuela— interpuso una demanda penal contra el presidente Nicolás Maduro por haber cometido presuntamente crímenes de lesa humanidad durante la crisis en la frontera en 2015.

La denuncia fue radicada el pasado 13 de junio ante la Fiscalía General de la Nación en Cúcuta, según le dijo a CNN en Español Rafael Villamizar, presidente de la Colegiatura de Abogados Litigantes de Colombia en Cúcuta.

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“Acudimos ante las autoridades, sobre todo la fiscalía colombiana, para que se resuelva la situación, para que se investiguen los delitos de lesa humanidad que cometieron tanto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y altos mandos militares de ese gobierno contra colombianos residentes en la zona fronteriza, en San Antonio del Táchira, quienes fueron deportados masivamente, fueron obligados al desplazamiento por las trochas, por los ríos con sus bienes y propiedades, por ser tildados narcotraficantes y paramilitares”, explicó Villamizar a este medio.

Venezuela deportó a más de mil colombianos durante la crisis fronteriza que inició el 19 de agosto de 2015 cuando el presidente Nicolás Maduro alegó que paramilitares colombianos habían cruzado la frontera y que habían atacado a tres militares venezolanos.

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| Colombianos deportados esperan para cruzar la frontera en La Fría, Táchira, el 29 de agosto (Crédito: George CASTELLANOS/AFP/Getty Images)

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| Colombianos cargan sus pertenencias hacia Cúcuta , el 28 de agosto de 2015. (Crédito: George CASTELLANOS/AFP/Getty Images)

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| Colombianos deportados de Venezuela regresaron por algunas de sus pertenencias, las cuales cruzaron hacia territorio colombiano a través del río Táchira. Más de 1.000 colombianos que no tenían documentos fueron deportados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro (AFP/Getty Images).

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| Los colombianos deportados recuperaron algunas de sus pertenencias antes de que sus casas fueran demolidas por las fuerzas de seguridad de Venezuela (AFP/Getty Images).

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| Policías colombianos ayudan a expulsados a llevar sus pertenencias mientras cruzan el río Táchira desde Brisas de Barinitas, en Venezuela, hacia territorio colombiano (AFP/Getty Images).

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| Según las autoridades de Venezuela, casi 800 colombianos deportados "no tenían ningún tipo de identificación". Entre tanto, el gobierno de Colombia reportó una cifra cercana a los 900 deportados durante el fin de semana, de los cuáles al menos 36 de ellos habrían entrado por la frontera norte del departamento de la Guajira (AFP/Getty Images)

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| Los colombianos deportados y el gobierno de la ciudad de Cúcuta (lado colombiano de la frontera) alegaron que las familias están siendo divididas por la deportación. Sin embargo el gobernador de Táchira José Gregorio Vielma Mora negó estas acusaciones diciendo que las familias fueron protegidas en estos operativos. (AFP/Getty Images)

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| Una mujer y una niña permanecen cerca de las pertenencias de los deportados colombianos durante la operación que buscaba inmigrantes ilegales en el lado venezolano de la frontera con Colombia. (AFP/Getty Images)

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| Un niño colombiano carga un mueble luego de ser deportado por las autoridades venezolanas en la ciudad fronteriza de San Antonio, Táchira. (AFP/Getty Images)

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| Según el gobierno de Venezuela las bandas paramilitares son responsables del contrabando en la frontera, por lo que cerró el cruce fronterizo en el puente Simón Bolívar. Según José Vielma Mora, jefe de la Zona Especial Fronteriza y gobernador del Táchira, se detuvieron a ocho integrantes de la banda paramilitar colombiana 'Los Urabeños', que operaban en esa área. (AFP/Getty Images)

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| Las casas de los inmigrantes que fueron sacados de Venezuela fueron marcadas con una "D" de "Deportado" para posteriormente ser demolidas. (AFP/Getty Images)

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| Soldados venezolanos caminan cerca de los escombros de las casas de deportados colombianos, que fueron destruídas durante la Operación de Libertad para el Pueblo, adelantada por el gobierno de Venezuela, en la ciudad fronteriza de San Antonio Táchira. Colombia dijo que con la deportación masiva de colombianos se generó una "tragedia humanitaria" en la frontera colombo venezolana. (AFP/Getty Images)

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| Durante la Operación para la Liberación del Pueblo participaron 2.500 funcionarios policiales, entre FANB y otras instituciones del Estados, para lograr el control y acabar con las mafias paramilitares, según el gobierno de Venezuela (AFP/Getty Images)

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| Aminta Ferrer Chacón es una de las desplazadas que llegó a los albergues de la frontera de Colombia con Venezuela. Su hijo tiene 18 días de nacido. Ella pide que la reubiquen junto a sus cuatro hijos. (Crédito: CNN/Melissa Velásquez)

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| Refugio número 3 ubicado en La Parada, en Norte de Santander. En este lugar hay 342 personas que llegaron desplazadas luego de ser deportadas de Venezuela. (Crédito: CNN/Melissa Velásquez Loaiza)

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| La Guardia Nacional Bolivariana marcó con una "D" las casas de colombianos deportados para que fueran demolidas. (Crédito: CNN/Laura Castellanos)

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| Las casas marcadas con "R" por la GNB determinan si sus habitantes son legales o ilegales. (Crédito: CNN/Laura Castellanos)

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A finales de agosto de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU expresaron su preocupación por las deportaciones "arbitrarias" de colombianos desde Venezuela.

La CIDH denunció en ese entonces que más de mil personas —incluyendo 244 niños y adolescentes— fueron deportados a Colombia desde Venezuela; la Cruz Roja dijo que otras 4.260 personas volvieron “de forma espontánea tras la declaratoria del estado de excepción y el cierre de la frontera”.

“Diversas fuentes han indicado que muchas de las personas que habrían retornado a Colombia por su propia cuenta lo habrían hecho por miedo a que las autoridades venezolanas los desalojen y deporten de manera forzada”, dijo la CIDH en ese momento.

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En aquél entonces, las casas de los colombianos en la frontera venezolana fueron marcadas con una ‘D’ de desalojo y ‘R’ de revisada. Muchas de ellas fueron demolidas. El presidente Juan Manuel Santos comparó la actuación de Venezuela contra los colombianos con lo que hacían los nazis en los guetos judíos.

"Esas imágenes de unas casas humildes pintadas con una 'D' y luego pasan los bulldozers demoliendo esas casas... eso no se veía sino desde los guetos alemanes contra los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial", dijo el presidente a CNN en Español.

Los demandantes dicen que saben que Maduro va a rechazar las acusaciones y culpará a la “derecha” colombiana, pero aseguran que la denuncia se trata de un acto humanitario para defender los derechos que se les violaron a los colombianos.

¿Prosperará la denuncia?

Ramírez dijo que la denuncia no busca enjuiciar a Nicolás Maduro como presidente de Estado, sino como persona pues asegura que "todo gobernante pierde su investidura tan pronto incurre en actos de lesa humanidad".

Pero para que la denuncia sea procedente hay que ir un poco más allá.

Carlos Arévalo, jefe del área de derecho internacional de la Universidad de La Sabana, en Colombia, le explicó a CNN en Español que la demanda podría ser improcedente por tratarse de una corte nacional.

Arévalo explica que la inmunidad es propia de los Estados, pero según lo establece la Corte Internacional de Justicia, algunos funcionarios, debido a la función que cumplen y a lo esencial que es, también gozan de inmunidad

“Entonces en este caso un presidente de la república tiene inmunidad para ser juzgado al interior de las cortes de otro Estado”, dijo Arévalo a CNN en Español desde Ginebra, Suiza.

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El experto hizo la comparación con el caso del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y su entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quienes fueron requeridos por una corte de Sucumbíos, en Ecuador, por cuenta de la operación Fénix en 2008, con la que se dio de baja al jefe de las FARC alias ‘Raúl Reyes’.

Al final la denuncia no prosperó.

“No se puede juzgar a un presidente en ejercicio. La Corte Internacional de Justicia ha establecido que otro estado no puede juzgar a un presidente en ejercicio”, añadió.

Solo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los Estados parte pueden remitir casos o presentar formalmente denuncias ante la CPI.

La Corte Penal Internacional, una vez estudie el caso, podría solicitar una orden de captura contra un jefe de Estado por graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, añade Arévalo

Es el caso del presidente de Sudán, Omar al Bashir, quien fue acusado en 2010 por la Corte Penal Internacional por genocidio, por los casos en Darfur, en el conflicto de Sudán, en 2010.

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Otras denuncias contra Maduro

En septiembre de 2015, meses después de la crisis en la frontera, el entonces procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez, radicó un informe ante la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda para "denunciar la perpetración de crímenes de lesa humanidad por parte del presidente venezolano Nicolás Maduro y agentes militares y civiles de su gobierno”.

La Procuraduría había pedido que la CPI asumiera esa investigación alegando que en Venezuela se habrían cometidos “delitos de lesa humanidad” como desaparición forzada, abusos sexuales, torturas. “Los consideramos que son delitos de lesa humanidad porque hay una actitud sistemática del gobierno venezolano contra los colombianos”, dijo Ordóñez en ese momento.

El entonces alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez-Lobo, también presentó en ese entonces una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la crisis humanitaria en la frontera común.

Hasta el momento no se conocen avances de estas denuncias por parte de las autoridades competentes, dice Ramírez. Por eso la denuncia llega dos años después de los hechos.

“Pasan dos años y no sucede nada. Cómo es posible que a nuestros hermanos colombianos no digan nada. Eso nos movió”, puntualiza.