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Asesinatos de exguerrilleros y sus familias dificultan implementación de la paz en Colombia, dice informe

Posted July 19

(CNN Español) - Ocho meses después de la firma del acuerdo definitivo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, la implementación ha sufrido una serie de problemas y retrasos que podrían poner en peligro este proceso, entre ellos la inseguridad para los excombatientes y sus familias.

Es lo que dice el informe informe de monitoreo del proceso de paz publicado este martes por la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), que enumera cinco retrasos y problemas en la implementación del proceso, entre ellos los homicidios de cinco excombatientes de las FARC a manos de integrantes de nuevas estructuras criminales que operan en municipios que antes ocupaban las FARC, dice el informe.

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(Crédito: LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images)

En el informe titulado Cómo va la paz, la fundación identifica a dos de los presuntos responsables de los asesinatos y dice que serían parte de organizaciones criminales de disidentes de las FARC que operan en departamentos donde antiguamente operaba esa guerrilla: Chaqueta, Cauca y Nariño.

La seguridad de los familiares de los excombatientes también está en riesgo, pues dice el informe, han asesinado a otros diez familiares de guerrilleros desde la firma del proceso.

“Los quince asesinatos reseñados previamente, sumados a las decenas de asesinatos registrados a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, dejan de presente la debilidad para prestar garantías de seguridad a las personas que se encuentran en tránsito a la vida civil y sin armas como consecuencia de la puesta en marcha de los Acuerdos de paz”, dice Paz y Reconciliación en su informe.

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A esta amenaza contra la seguridad de los excombatientes y sus familias, se suma la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, que según PARES, “sigue presentando una amenaza latente para el desarrollo de sus actividades y el goce efectivo de sus derechos”. Desde noviembre de 2016 hasta el 11 de julio de 2017 se han registrado 181 “hechos victimizantes” contra líderes sociales.

El líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, denunció el pasado 20 de junio en su cuenta de Twitter el asesinato de un exintegrante del grupo armado que había recibido amnistía del gobierno nacional y que se encontraba visitando a su familia.

#PazSonGarantíasAyer fue asesinado el miliciano Rigoberto Quezada, hace 8 días habia sido anmistiado. Estaba visitando a su familia. pic.twitter.com/2parSLBSJR

— Rodrigo Londoño (@TimoFARC) June 20, 2017

El pasado 26 de abril, las FARC denunciaron en un comunicado las agresiones contra las familias de sus exintegrantes y les pidió al gobierno y otras autoridades competentes poner en marcha de manera urgente “los mecanismos de garantías, protección y seguridad dispuestos en el Acuerdo Final de Paz”.

“[Solicitamos] a los organismos de monitoreo, verificación y seguimiento dispuestos en el Acuerdo Final, de manera especial a la Organización De Naciones Unidas a que investigue en el marco de lo establecido para tales efectos en el Acuerdo Final, por ser estos hechos constitutivos de una afectación grave al cese al fuego, bilateral y definitivo suscrito entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP”, dijeron las FARC en el comunicado.

William Fonseca, asesor de la Agencia Colombiana de Reintegración, y quien conoce los retos de seguridad de los excombatientes, explicó a CNN en Español que el gobierno colombiano no desconoce las amenazas a las que están expuestos los exguerrilleros cuando dejan las armas.

"La Unidad de Protección Nacional lidera el asunto de seguridad de esta población y eso está dentro de los acuerdos del gobierno y las FARC. Ahí quedó contemplado un mecanismo de seguridad para esta población y está en cabeza de la Unidad. Además, el gobierno sacó 5 decretos para fortalecer este tema", le dijo Fonseca a CNN en Español el pasado mes de abril.

Otros problemas

Otros cuatro problemas reseñados en el informe Cómo va la paz se refiere a la “grave situación” de los presos de las FARC que están esperando amnistías como parte de su proceso de reintegración. Más de 1.400 de sus guerrilleros en 19 cárceles del país están en huelga de hambre desde el 26 de junio.

Según ellos, el gobierno colombiano no les ha cumplido con la pronta aprobación y reglamentación de la Ley de Amnistía pactada en las negociaciones de La Habana, necesaria para que sean indultados y recuperen su libertad. Pero el Gobierno asegura que está haciendo todo lo posible para agilizar el proceso, pero no depende solo de la rama Ejecutiva sino también de la Judicial.

El informe dice que 1.942 presos, es decir el 63,7% de los presos, no han recibido los beneficios a los que se comprometió el Gobierno.

Otro de esos problemas que reseña el informe es la expansión de organizaciones delincuenciales armadas y el aumento de grupos de delincuencia común en zonas que antes ocupaban las FARC, que estaba en 242 de los 1.122 municipios del país.

“Muchas de estas zonas tienen una alta presencia de economías ilegales y han comenzado a ser copadas por la guerrilla del ELN, estructuras herederas del paramilitarismo como el Clan del Golfo o sencillamente hay un vacío de poder y algunos indicadores de seguridad, como el hurto, han comenzado a aumentar”, señala el informe.

Finalmente, el informe critica el modelo de reintegración de los excombatientes a la vida civil.

Reconocimientos

Aunque existen dificultades en cuanto a la implementación de los acuerdos, el informe también resalta una gran cantidad de avances que se han logrado en ocho meses después de firmar el Acuerdo.

Entre ellos está el cumplimiento del cese bilateral del fuego —que ha dado como resultado una reducción “sustancial” de los homicidios y secuestros en el país—, disminución del reclutamiento forzado y desplazamiento forzado, así como las víctimas de minas antipersonal.

“Desde mediados de 2016… más de tres mil personas de morir o quedar heridas en acciones relacionadas con el conflicto armado”, dice PARES.

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Dejación de armas

La dejación de armas por parte de las FARC es uno de los componentes exitosos en la implementación de los acuerdos que resalta este informe, pues las FARC, con 6.800 guerrilleros concentrados en Zonas Veredales Transitorias de Normalización, entregaron 7.132 armas.

“Es decir, más armas que guerrilleros, un hecho sin precedentes en todos los procesos de paz que se han llevado a cabo en el mundo”, dice el informe.

Allí se compara con otros proceso de dejación de armas como por ejemplo el de los paramilitares, también en Colombia. Este proceso, liderado por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, duró 3 años, dejó la desmovilización de 31.671 combatientes y se entregaron 18.051 armas.

Y, a nivel internacional, comparan la dejación de armas de las FARC con el de Afganistán donde hubo 63.000 desmovilizados y se entregaron 47.575 armas.

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